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El 27 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se declaran diversas acciones extraordinarias para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus COVID-19.

El decreto establece que la Secretaría de Salud podrá utilizar todos los recursos médicos y de asistencia social existente en los sectores público, privado y social, pudiendo disponer de hospitales y recursos médicos públicos y privados en las regiones afectadas por la epidemia, sin necesidad de autorización previa.

Adicionalmente, la Secretaría podrá adquirir todo tipo de bienes y servicios, a nivel nacional o internacional, así como mercancías y objetos necesarios para hacer frente a la contingencia, sin necesidad de implementar procesos de licitación pública, evitando la especulación de precios y el acopio de insumos esenciales necesarios de dichos bienes y servicios. En este sentido, la Secretaría de Salud podrá importar y autorizar la importación, así como la adquisición de territorio nacional de bienes y servicios, sin cumplir con los trámites administrativos regulares.

A pesar de lo dispuesto en el decreto presidencial, la Secretaria de la Función Pública emitió un comunicado en el que se establece que los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal mantendrán vigilancia sobre compras públicas con la finalidad de prevenir cualquier irregularidad o acto de corrupción. Asimismo, reiteró que el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas -mecanismo de atención de quejas, denuncias y peticiones formuladas por la ciudadanía por faltas administrativas o hechos de corrupción cometidos por servidores públicos o particulares vinculados con actos de gobierno- continúa funcionando y recibiendo denuncias a través de medios electrónicos.
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