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La propuesta de campaña en materia anticorrupción del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador lo llevó a ganar la presidencia de México. Durante su campaña, López Obrador prometió que la lucha contra la corrupción resultaría en el ahorro de grandes cantidades de dinero, lo cual se lograría mediante la implementación de un severo plan de austeridad gubernamental. Habiendo ganado la presidencia con una amplia mayoría, López Obrador comenzó recortando su propio salario y el de otros funcionarios públicos de alto rango, salió de los Pinos (residencia presidencial), y comenzó a volar en aerolíneas comerciales dejando así de utilizar el avión presidencial. En este sentido, López Obrador ha dado un paso importante en su política de austeridad. El pasado martes (19 de noviembre de 2019), la Secretaría de la Función Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mismo que entró en vigor a partir del 20 de noviembre de 2019.

La Ley Federal de Austeridad Republicana tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad en el ejercicio del gasto público federal para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de bienes y recursos nacionales.

En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, esta Ley establece que los contratos de gobierno se adjudicarán, por regla general y de manera prioritaria, mediante licitaciones públicas. Al respecto, las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público emitirán los lineamientos para la adquisición de bienes y servicios de uso generalizado de los entes públicos, de manera consolidada, con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad. Asimismo, la Ley establece que los contratos otorgados mediante tráfico de influencias, corrupción o que causen daño a la hacienda pública serán nulos de pleno derecho, previa declaración por autoridad judicial competente y serán los órganos de control interno los encargados de iniciar los procesos correspondientes para sancionar a los responsables y resarcir el daño ocasionado.

Entre otras cosas, esta Ley establece que aquellas personas interesadas en ocupar algún empleo, cargo o comisión en algún ente público, deberán separarse de los activos e intereses económicos que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas, y que constituyan un conflicto de interés. Dicha separación deberá comprobarse mediante los instrumentos legales conducentes, los cuales deberán incluir una cláusula que garantice la vigencia de la separación durante el tiempo de ejercicio del cargo y hasta por un año posterior al retiro del empleo, cargo o comisión. Adicionalmente, prohíbe que los servidores públicos de mando superior ocupen puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, por un periodo de diez años.

Otras medidas de austeridad republicana incluyen: (i) prohibición de adquirir o arrendar vehículos de lujo para el transporte y traslado de servidores públicos; (ii) prohibición para utilizar recursos humanos, materiales o financieros para fines distintos al servicio público; (iii) prohibición de contratación de seguros de ahorro, jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o seguros de pensiones otorgados en favor de los servidores públicos, incluyendo cualquier otro tipo de pensión creada exprofeso en beneficio de expresidentes; (iv) prohibición de remodelaciones de oficinas o adquisición de mobiliario de lujo; (v) prohibición de gastos de oficina innecesarios; y (v) prohibición para constituir fideicomisos o mandatos en materia de salud, educación, procuración de justicia, seguridad social o seguridad pública, salvo que se encuentren previstos en ley, decreto o tratado internacional.

Además, el Artículo Sexto Transitorio del Decreto en cuestión prohíbe la asignación a expresidentes, de servidores públicos, personal civil o fuerzas armadas, cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado, así como bienes muebles o inmuebles que estén a su disposición y formen parte del patrimonio federal, por lo que dichos recursos humanos y materiales se deberán reintegrar a las dependencias correspondientes.

Por su parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas fue reformada para incluir en el catálogo de faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos, las siguientes conductas: simulación de actos jurídicos, nepotismo, violaciones a las disposiciones sobre fideicomisos, y uso de miembros de la policía, seguridad pública o de las fuerzas armadas, en el ejercicio de sus funciones, para otorgar seguridad personal.

En alineación con todo lo anterior, se reformó el artículo 61 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para establecer que los ahorros generados con la aplicación de las medidas de austeridad republicana deberán destinarse a los programas del ejecutor del gasto que los genere, a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, o al destino que determine el ejecutivo federal.

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