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El 15 de noviembre de 2018, fue presentada ante la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma a la Ley Minera mediante la cual se pretenden adicionar diversos temas en materia de impacto social a las actividades de explotación minera.

Entre las principales propuestas de adiciones, se encuentran las siguientes:

  • Facultar a la Secretaría de Economía para declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo (siendo esto una excepción al terreno libre);

  • Facultar al Servicio Geológico Mexicano para realizar estudios de impacto social en áreas de explotación minera;

  • Las siguientes disposiciones serían aplicables a cualquier concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras:

    • Previo a la expedición del título de concesión, es necesario un estudio de impacto por parte del Servicio Geológico Mexicano;

    • Procedimientos de consulta previa, libre e informada a las comunidades y pueblos indígenas, por la Secretaría de Economía y el Servicio Geológico Mexicano, para alcanzar acuerdos y consentimiento de las comunidades;

    • La Secretaría de Economía debe informar al titular de las concesiones sobre la presencia de grupos sociales vulnerables en el área donde se desarrollará la actividad, para la implementación de mecanismos de protección de derechos.

    • Se podrán prever montos económicos mínimos y reglas que el titular de la concesión minera deberá destinar al desarrollo humano y sustentable de las comunidades en las que se realiza la actividad minera.

  • Se obliga a los titulares de las concesiones mineras a rendir un informe anual al Servicio Geológico Mexicano sobre los impactos sociales de sus actividades, así como las medidas de mitigación y planes de gestión social;

  • Las concesiones mineras podrán ser canceladas por lo siguiente:

    • Omisión de rendir el informe anual al Servicio Geológico Mexicano;

    • No llevar a cabo las acciones de mitigación y planes de gestión social;

    • No destinar los montos económicos mínimos al desarrollo humano y sustentable de las comunidades en las que se realiza la actividad minera.

El 20 de noviembre de 2018, dicha iniciativa fue turnada a las comisiones de Minería y Desarrollo Regional así como la de Estudios Legislativos para su dictamen.

Merece especial atención lo relativo a las nuevas facultades del Servicio Geológico Nacional y la Secretaría de Economía respecto del requisito de estudios y consultas previas, así como la posibilidad de cancelación de concesiones. En caso de aprobarse dichas adiciones, consideramos que podrían verse afectados los derechos de los titulares de concesiones mineras autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor a esta reforma, aunado a la violación al principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de personas físicas o morales y de seguridad jurídica.

En Baker McKenzie hemos desarrollando una estrategia legal para proteger los derechos de los titulares de concesiones mineras. Si desea obtener asesoría adicional sobre el alcance de la anterior iniciativa, así como para resolver cualquier otra consulta relacionada, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

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